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• La reforma de Calderón, pretende legalizar la presencia permanente del ejército en las calles y le da mayores atribuciones en seguridad pública, además de que contiene otras disposiciones preocupantes, como el permitir al Ejecutivo federal, imponer estado de excepción en regiones o entidades, sin la participación del Congreso de la Unión. 

   

• • Por: Alberto Vieyra Gómez

Porque mire usted, en abril del 2009, el Presidente del “haiga sido como haiga sido”, envió al Senado, como cámara de origen, una iniciativa de ley que implanta el papel del ejército como policía nacional. Pero, lo que es peor, la semana pasada, el secretario de la defensa nacional, Guillermo Galván Galván, urgió a la Cámara alta, para que se aprueben las reformas presidenciales pendientes y de manera simultánea. 

El PAN, también le echó de su ronco pecho y urgió la aprobación de dicha iniciativa, que en opinión de priístas y expertos, resulta por demás perverso, que se quiera otorgar al ejército mexicano un papel que hasta ahora no le confiere la Constitución, y menos, cuando su participación en el combate al narco crimen, ha sido desastrosa, porque su imagen se ha deteriorado progresivamente ante reiteradas denuncias de organismos defensores de los derechos humanos nacionales e internacionales.

Para este martes, se anuncia en el senado una cumbre entre el gabinete de seguridad pública y la Junta de coordinación Política del Senado, en la que se debatirá sobre la iniciativa en cuestión y otras cuatro más, relativas al papel de las fuerzas armadas, en la batalla contra la violencia y la criminalidad.

“Estas reformas no pueden ser aceptadas, pues avalan el estado de excepción”, advierte el coordinador de la bancada de los senadores del PT, Ricardo Monreal Ávila, quien sostiene, además, que la reforma de Calderón, pretende legalizar la presencia permanente del ejército en las calles y le da mayores atribuciones en seguridad pública, además de que contiene otras disposiciones preocupantes, como el permitir al Ejecutivo federal, imponer estado de excepción en regiones o entidades, sin la participación del Congreso de la Unión.

¿Se imagina usted, que con más atribuciones al ejército, el día menos pensado, un piquete de soldados llegue a su casa o a la mía, y sin decir “agua va” se metan como Juan por su casa, y nos saquen en compañía de la familia en paños menores, y todo porque a Calderón se le ocurrió hacer del ejército mexicano, una súper policía nacional? ¿Se trata deliberadamente de acabar con las libertades que consagra la Carta Magna?

¿Pero, qué es el estado de excepción? Un régimen de excepción, es un mecanismo contemplado en la Constitución de un país en caso de que exista alguna situación extraordinaria, como catástrofe natural, perturbación grave del orden interno, guerra exterior, guerra civil, invasión, o cualquier otro peligro considerado gravísimo, con la finalidad de afrontarlo adecuadamente. Habitualmente, un régimen de excepción contempla la suspensión o restricción de ciertos derechos fundamentales

Los derechos restringidos pueden ser los relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito. Durante ese estado, las fuerzas armadas de un país pueden asumir el control de orden interno.

En los primeros 30 artículos de la ley fundamental de México, se consagran las libertades y los derechos fundamentales de los mexicanos. Sobre el estado de excepción, el artículo 29 de la Constitución reza: “En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las secretarias de Estado y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión y, en los recesos de este, de la Comisión permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo. Si la suspensión tuviese lugar hallándose el congreso reunido, este concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocara sin demora al congreso para que las acuerde”.

Es cierto que la absurda e hipócrita guerra que libra Felipe Calderón contra el narco crimen ha sido un fracaso y un desastre, pues en el 2009, el número de narco ejecuciones se elevó a 7 mil 724 y en lo que va del 2010 ya suman más de mil 500. La catástrofe de Ciudad Juárez del 31 de enero, en la que fueron masacrados 16 jóvenes y 12 más resultaron heridos, es la gota que derrama el vaso. A raíz de esa galopante inseguridad y deplorable estado de cosas en ese violento y macabro punto fronterizo, el régimen calderonista, sin anuencia del Congreso de la Unión, ha aumentado permanentemente la presencia militar en casi todo el país.

Esa perversa pretorianización del régimen ha dado lugar a la irritación social, por la consecuente restricción de las libertades. Se trata de una guerra que la sociedad no autorizó y que sin embargo paga sus consecuencias. ¿Es tan sencillo provocar una guerra, fracasar y luego diluir cualquier responsabilidad? A la luz de los resultados, hubo un mal diagnóstico y una pésima coordinación. Abusos y excesos, pero sobre todo, una infinita arrogancia del poder.

En Ciudad Juárez, la sociedad llegó a su punto cataclísmico. Ahora exige una puntual rendición de cuentas. Transparencia y valor para señalar a los responsables del desastre. La historia no termina con la masacre de los adolescentes. Ahí comienza. Lo delicado viene ahora con la posibilidad de que se confirme que detrás de esta ominosa guerra está un proyecto de continuidad basada en el factor militar.

“Señor Presidente: hasta que no encuentren un responsable, usted es el asesino”. Con esta expresión uno de los familiares de los 16 jóvenes asesinados en Ciudad Juárez colocó en la agenda del debate nacional el tema de la responsabilidad por los muertos y heridos inocentes que deja la guerra de Felipe Calderón contra el crimen organizado. Pero también las voces sin rostro que sugieren, que ante la escalada de violencia, Calderón debe prolongar su mandato, vía estado de excepción, que ha merecido la condena generalizada de los mexicanos bien nacidos.

Algunos familiares retaron a Calderón a vivir sin seguridad oficial y como cualquier sencillo habitante, en el infierno juarense: “Proponemos que hasta que no se aclare la muerte de tantas mujeres, jóvenes y niños en Ciudad Juárez obliguemos a todos los políticos, empezando por Calderón y su familia a que vivan en esta ciudad y en las mismas condiciones en que vive la gente. Que sienta el miedo cerca, para que sepa lo que en verdad vivimos los mexicanos”.

Pese a la irritación social de los juarenses, Calderón se fue a meter la semana pasada a terreno barrido, claro está, bien custodiado por más de 9 mil militares armados hasta los dientes. Así hasta mi abuelita se mete en Irak, o cualquier otro avispero en el mundo. Lo chistoso fue que ya en Juárez, los enardecidos familiares de las víctimas se apanicaron, ¿Sería por el aparatoso despliegue de seguridad? Y le dijeron: “Bienvenido sea usted, señor Presidente a Ciudad Juárez”. ¿Qué no lo lógico habría sido que le dijeran: “Usted es persona no grata para nosotros, por la absurda guerra que libra contra el narco crimen, y que tenemos que pagar y vivir en carne propia los mexicanos, que ni la debemos ni la tememos, mientras usted ni suda, ni se acongoja porque lo cuida todo el ejército”?

¿Será que Calderón quiere al ejército completo en las calles, para inhibir la protesta pública durante este año, en que se cumplen los siglos y los ciclos de la historia y millones de mexicanos están como agua para chocolate, por la indignante miseria y el desempleo, que tan sólo en el 2009, fue de 2 millones 506 mil 595 que se fueron a la calle?