Joomla Software Template

• Tres cosas eran intocables durante los regímenes priístas: la Virgen de Guadalupe, el Presidente de la República y el Ejército. Ya no lo son. Hoy son motivo de estudio y debate.  
•  

• Por: Alberto Vieyra Gómez

   

AMN.-¿Hoy gobierna en México el ejército, ante la incapacidad de una clase política? ¿El Ejército, instrumento de control político y represión, ante la crisis de ingobernabilidad y legitimidad del actual Presidente de la República?

Sobre el discreto y abierto papel que el Ejército mexicano ha jugado en el último siglo en México, vale la pena leer y releer el análisis de Strategos Consultores:

“El Ejército Mexicano ha cambiado. Lo ha hecho con base en los requerimientos políticos del gobierno civil. A la mesura que caracterizó al General Ricardo Vega García ha seguido un inusitado y comprometedor activismo con el gobierno de Felipe Calderón. El cambio es de actitud y de discurso. De actitud porque su respaldo hacia el Ejecutivo no tiene límites, aún en la esfera netamente política, y de discurso porque ha abandonado su parquedad y discreción, para convertirse en un instrumento más de la legitimidad de ejercicio que puso en marcha el Ejecutivo, desde que asumió el poder. Si bien estos cambios no han tocado la esencia del cuerpo castrense, sí resultan una transformación fundamental que colocan al Ejército en un sendero netamente político, es decir, como una pieza de desgaste del régimen, como cualquier otra institución.

De ser la institución mejor resguardada por el régimen político nacido de la postrevolución, en el siglo XX, el Ejército Mexicano ha pasado a convertirse en el principal frente político de un gobierno con déficit de legitimidad. Este cambio en el papel del Instituto Armado se acompaña de una incapacidad real de la clase política de resolver problemas que son competencia exclusiva del gobierno civil.

No en todo ha cambiado el Ejército. Esencialmente sigue siendo el mismo. Por ejemplo, la alternancia política no lo hizo una Institución más abierta. El proceso de apertura gradual del sistema no se reflejó en él, que se ha mantenido como un cuerpo opaco, con una no muy clara rendición de cuentas. Tratar de informar en forma inteligente sobre el Ejército mexicano es como tratar de ver en la oscuridad: sólo hay siluetas vagas y pocos detalles. El Ejército es famoso por su hermetismo, su opacidad y su hostilidad al escrutinio público. La alternancia política afectó a varias instituciones, pero no al Ejército. La presidencia de Vicente Fox parece haber tenido muy poco efecto directo sobre las fuerzas armadas mexicanas. Mientras que otros aspectos de la sociedad y el gobierno mexicanos estuvieron sujetos a un fiero debate con el inicio de la transición política, el Ejército se mantuvo aparte, silencioso y sin comprometerse.

Al Ejército en México le ha caracterizado una actuación política discreta, y en algunos periodos francamente inexistentes, salvo por lo programas DN-III-E de protección civil a la población ante situaciones de emergencia por desastres naturales.

Una condición básica de la gobernabilidad mexicana en el siglo XX fue, precisamente, el sometimiento del Ejército a la autoridad civil. Hasta ahora, no se había registrado un uso político tan directo e intenso de él, por parte del gobierno civil.

En pocas etapas de la historia, el Ejército se ha hecho visible en cuestiones políticas y de gobierno. Cuando esto ha ocurrido, ha coincidido con profundas crisis de la clase política, que han evidenciado problemas sociales o de legitimidad.

En la segunda mitad del siglo XX y los inicios del XXI, se registran dos irrupciones de las Fuerzas Armadas en la vida social y política del país: la primera, en 1968, con un papel protagónico -y trágico- del Ejército que se explica a partir de la incapacidad de la clase política en su conjunto para enfrentar los problemas creados por el desajuste entre los procesos políticos por un lado y los del desarrollo económico y social del otro y la segunda, a partir del 11 de diciembre de 2006, con el arribo de Felipe Calderón a la Presidencia de la República resultado, también, de la acumulación de incapacidades y corrupción de los últimos dirigentes del viejo régimen y los del nuevo, que dejaron crecer el poder del narcotráfico hasta que se les salió de control.

En 1968, el Instituto Armado fue instrumento de control político y represión social de un Presidente con poca imaginación y escrúpulos que decidió enfrentar la protesta estudiantil con su arma más contundente, pero menos idónea: el Ejército. La elite del poder de la época respaldó activa o pasivamente la barbarie, pero el tiempo dejó en claro que el uso de la violencia pura para hacer frente a un desajuste estructural, cuyas causas estaban en las entrañas del cambio social, sólo transformó y complicó el problema. Las matanzas del 68 y del 71, más la guerra sucia que les siguió, se convirtieron en nuevos componentes de la lenta, social y económicamente costosa, moralmente degradante y políticamente irreversible, decadencia del PRI y de su presidencialismo.

En diciembre de 2006, justo al inicio del segundo gobierno de Acción Nacional, se echa a andar una estrategia de legitimación de ejercicio mediante el uso político del Ejército.

Todo el diseño del actual gobierno consiste en recuperar legitimidad y elevar aceptación y popularidad por parte del Presidente de la República, quien asume el poder en condiciones críticas. La estrategia traslada el prestigio, la confianza y la credibilidad de la sociedad en el Ejército al Presidente de la República.

Aunque los resultados de la militarización de la seguridad pública muestran un fracaso contundente, la estrategia es políticamente exitosa: permite al Ejecutivo remontar, aunque sea parcial y temporalmente, su crisis de legitimidad.

En 1968 y en 2006-2010, el papel del Ejército es esencialmente político; se aleja de su naturaleza militar y se convierte en instrumento, de control y represión, en 1968 y en los años que le siguen a la matanza estudiantil y, de intimidación social y legitimación política, desde 2006 y lo que va del 2010.

Es tan clara y absoluta la dependencia del gobierno civil de las acciones del Ejército, que el costo de mantenerlo no sólo se refleja en una erogación presupuestal extraordinaria para las fuerzas armadas, sino en el control militar de áreas estratégicas de la Administración pública.

Lo que la oposición y el Congreso le han demandado al Ejecutivo se encamina a evitar que el uso y el abuso político del Ejército, derive en un desgaste crítico del Instituto Armado, que tenga serias repercusiones sobre la gobernabilidad del país.

El Ejército ha sido y es pieza fundamental del régimen político. Discreta o abiertamente el Ejército mexicano ha estado en el centro de la vida política del país. Naturalmente, el concepto de Ejército como actor político se refiere a los generales más notorios de cada época, poco a los jefes y oficiales y no abarca a la mayoría: a la tropa. Sin examinar el papel del Ejército, resulta imposible entender la política mexicana del siglo XIX y sin el discreto, pero absolutamente firme apoyo del Ejército al presidencialismo priista del siglo XX, éste no hubiera tenido el éxito político que tuvo: 71 años ininterrumpidos sobre la Presidencia.

A la luz de los acontecimientos recientes y del diseño de la estrategia militar con fines políticos, vale preguntar: ¿qué sería del gobierno de Felipe Calderón, sin este uso y abuso del Ejército mexicano? ¿Cuál será el límite de ese ejercicio instrumental de las fuerzas armadas? ¿Entenderá Felipe Calderón que no recibió un cheque en blanco para abusar del Ejército?

En la parte alta del ciclo sexenal mexicano, el sistema político relaja sus controles y muchos de los actores relevantes, antes leales y disciplinados a la figura presidencial comienzan a actuar en función del cálculo directo y del corto plazo de sus intereses. El ocaso del foxismo, como pocos periodos sexenales, muestra claramente este fenómeno.

No es exagerado plantear que la administración de Vicente Fox significó todo, menos gobierno. Fue una suerte de auténtico interregno político. Los grupos de facto impusieron agenda, influenciaron la hechura de múltiples políticas públicas y, en más de un sentido, utilizaron para sus fines de grupo, a la institución presidencial. Pero también desde el mismo poder se instrumentó una estrategia que se basó en colocar en la agenda público política el tema de la violencia”.