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• Calderón contra reloj

• Escenario malo para el gobierno

Por: Alberto Vieyra Gómez

AMN.- El tema sobre el futuro del petróleo en México no solo sirve para reposicionar al nacionalismo mexicano, sino para hacer un muy rentable futurismo político.

Manuel Lopez Obrador, a quien prácticamente se despojó de ese poderoso instrumento político llamado PRD, tiene un futuro incierto pero su mira sigue en el 2012, aunque sea por el llamado Frente Amplio Progresista o ya de perdis como candidato presidencial del Partido Convergencia que comanda Dante Delgado.

Y Marcelo Ebrard, quien poco a poco se sacude la sombra de su tutor político, tiene cuando menos dos opciones, por el PRD, o por el Partido del Panal, de la maestra Gordillo.

El asunto de la consulta pública en el Distrito Federal sobre el futuro de PEMEX, ha dado lugar a serios cuestionamientos sobre si es o no legal. No será legal, pero políticamente es una gran oportunidad para que el señor Ebrard le saque raja con miras a las próximas elecciones presidenciales.

Pero más allá de sus aspectos estrictamente legales o del debate teórico entre democracia directa o representativa, la consulta popular sobre la reforma a PEMEX es un asunto esencialmente político. Se trata, por un lado, de un debate que descubre las grandes asignaturas pendientes de la transición mexicana: el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular y, por otro lado, es la expresión que confirma la persistente disputa por la nación, entre quienes plantean que es posible un modelo económico propio y quienes aseguran que es mejor mantener la continuidad del actual modelo aperturista y del sistemático debilitamiento del Estado.

Para el grupo compacto de Los Pinos la consulta compromete la legitimidad social de la reforma. Eso explica su férrea oposición y la feroz ofensiva contra el jefe del gobierno capitalino y su grupo político. La reforma a PEMEX se ha convertido en el factor crítico de Felipe Calderón. De su aprobación depende la viabilidad de su gobierno.

¿Cuándo se aprobará la reforma? La reforma a PEMEX es todo para Calderón. Al colocarla en el centro de la agenda público-política, su futuro depende de lo que haga el Poder Legislativo. Independientemente de sus contenidos finales y de lo que pase en las calles, este Análisis sostiene que PRI y el PAN en el Congreso acabarán por aprobarla. Lo que está a discusión es cuándo sucederá esto. Puede ser durante el debate petrolero que el Senado de la República lleva a cabo o inmediatamente después de que concluyan esos foros.

El peor de los escenarios para el gobierno es que su proceso legislativo se posponga hasta el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia en el mes de septiembre. Pero Calderón tiene prisa. Se le acaba el tiempo. Los compromisos adquiridos con los arrogantes consorcios petroleros norteamericanos y gachupines apremian. A medida  que se acerca el proceso electoral federal del 2009, hay menos posibilidades de que Calderón cumpla con el pago de facturas electorales a sus patrocinadores en el extranjero.

Un grupo de panistas y priistas presiona para que dentro del periodo extraordinario de sesiones que inicia el 16 de junio, se dictaminen y se aprueben; las iniciativas de reforma a PEMEX. No está descartado un escenario de madrugete legislativo. La viabilidad de este escenario está sujeta a los tiempos del PRI, que trabaja a marchas forzadas para concluir dos proyectos de decreto, que se negociarían en paquete con el gobierno. Si al PRI los tiempos le dan, entonces habrá reforma en junio. Esto es, en previsión, también, de la consulta popular que Andrés Manuel López Obrador ya anunció para finales del mes de junio. Antes de que esa consulta ofrezca sus resultados, estaría aprobada la reforma a PEMEX.

La probabilidad de este escenario es baja, no porque no haya intención de aprobar dicha reforma por parte de PAN y PRI, sino por los problemas técnicos que entraña para un partido que busca ampliar sus beneficios políticos a cambio de sus votos en el Congreso, lo que demanda tiempo para una amplia negociación.

El consenso al interior del PAN y del gobierno es que se cumplan los plazos del debate en el Senado de la República, para que inmediatamente después, las iniciativas –incluyendo las del PRI- se dictaminen y se sometan a votación de los plenos de ambas cámaras, en un periodo extraordinario que se desahogaría en la primera quincena de agosto, aprovechando los Juegos Olímpicos de Bejín como un poderoso elemento distractivo. Para entonces, el PRI tendrá claro si venció al gobierno en la negociación política.

La probabilidad de ocurrencia de este escenario es media. Si bien el gobierno y el PAN presionan para que se cumplan los plazos comprometidos para la elaboración, discusión y en su caso, aprobación de los dictámenes, todo dependerá de si la negociación satisfizo las expectativas políticas del PRI. Cualquier problema en esta materia, que no es nada descartable, llevará al siguiente periodo ordinario el proceso legislativo de la reforma a PEMEX. Es un escenario malo para el gobierno.

Hay grupos dentro del PRI y el Frente Amplio Progresista que presionan porque el proceso legislativo de la reforma a PEMEX se lleve al siguiente periodo ordinario de sesiones que inicia en el mes de septiembre. Entre los argumentos se plantea la necesidad de ampliar el espectro de la negociación para dictaminar una iniciativa de consenso.

La probabilidad de que ocurra es baja y dependería, sobre todo, de que las iniciativas del PRI fueran vetadas por el PAN y se iniciara una agria confrontación entre ambas fuerzas políticas. Sí el PRI empuja su propias iniciativas de reforma, los priistas buscaran que ocurra una reforma menos desnacionalizadora que la que propone Felipe Calderón.

En las condiciones de real política existentes, la reforma se puede concretar antes de que concluyan los debates en el Senado, inmediatamente después o trasladarse la discusión hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones. ¿De qué depende la concreción de uno de estos escenarios? Fundamentalmente de que el PRI concluya una negociación exitosa con el gobierno de sus propias iniciativas en la materia, sobre todo en lo que se refiere a una política social de Estado. No será fácil llegar a un acuerdo con el gobierno porque Calderón, con miras a las elecciones federales del 2009 pretende llevar a cabo una agresiva política social de combate a la pobreza para allegarle votos al PAN y buscar ganar la mayoría parlamentaría en el 2009.

¿Puede la consulta popular fracturar la ruta crítica de los tiempos pactados para aprobar esa reforma? Difícilmente. La consulta más bien se inscribe en la lógica del conflicto que sobrevendrá una vez que se aprueben los dictámenes. Una confrontación que no termina con la aprobación de la reformas, sino que ahí comienza.

Por lo pronto, el futuro del petróleo da para dar y repartir rumbo al 2012.