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• Esquizofrenia presidencial
• Acallar la protesta social

Por: Alberto Vieyra Gómez

AMN.- El 2010 les da pavor a Calderón y al Ejercito Mexicano. La creciente militarización del país tiene como eje fundamental acallar la protesta pública, disfrazado de combate al narcotráfico.

Al analizar el rompecabezas de la crisis de inseguridad, con hechos tan ominosos como las ejecuciones masivas, los atentados terroristas, los asesinatos políticos y la ola nacional de secuestros y después de escuchar al Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, hablar sobre una estrategia de ataque masivo al crimen organizado, se confirma que el siguiente paso con el que el gobierno buscará un cambio de percepción de la crisis será “lanzar una ofensiva final con varios frentes contra la alta delincuencia”.

Es decir, una etapa de militarización total. La presentación de los presuntos autores materiales de las granadas arrojadas el pasado 15 de septiembre en la plaza Melchor Ocampo de Morelia se inscribe en esta lógica. No hay manera de negar lo evidente: viene la entrada de un Proyecto Militar.

Los militares están preocupados no sólo por sus sueldos y promociones, sino por la distribución del poder. Todas las declaraciones y el contexto de descomposición nacional apuntan hacia la apertura de un inédito ciclo militar en México.

En su comunicado más reciente, fechado el 23 de septiembre de 2008, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) denuncia que el atentado de Morelia fue perpetrado por grupos de extrema derecha del sistema y busca justificar un inminente manotazo autoritario con la consecuente militarización del régimen.

Dice el documento del EPR: “La creciente ola de asesinatos en el país representados como “ajustes” de cuentas entre presuntos delincuentes y el acto de barbarie cometido en Morelia, Michoacán contra la población, inequívocamente son responsabilidad de quien ilegítimamente se asume como presidente, desde el momento que da continuidad con mayor autoritarismo a la política de sacar a las calles al ejército y a sus policías con poderes extrajudiciales a semejanza de una dictadura dirigida por un civil, generalizando la militarización del país so pretexto de combatir a la delincuencia organizada. Lo de Morelia sin duda alguna es un acto de provocación desde la derecha para justificar la militarización y el estado de sitio que vive la ciudad desde hace más de un mes.

También es una represalia y provocación al gobierno del maestro Godoy, por solidarizarse junto con intelectuales, personalidades y organizaciones sociales y políticas, ONG’s defensoras de los derechos humanos nacionales e internacionales, en la exigencia al gobierno federal de la  presentación con vida de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, así como de Francisco Paredes.

Previo a la masacre del 15 de septiembre, en Morelia, el gobierno federal fue creando un escenario artificial para justificar la militarización para que el Sr. Calderón siga jugando a la guerra, mediante sospechosos hechos donde aparecieron vehículos abandonados con armas, tiros y uniformes de corporaciones policíacas en diferentes puntos de la ciudad y en lugares cercanos al domicilio de Francisco Paredes Ruiz y de una organización de derechos humanos que está siendo hostigada; también lo fue el ‘descubrimiento’ de casas abandonadas en donde se encontraban ‘arsenales’ y nuevamente uniformes de corporaciones policíacas limpios, bien doblados y planchados. Los asesinatos se incrementaron y en ese ‘río revuelto’ se desapareció a luchadores sociales y se ejerció represión contra quienes exigen justicia social.

Los cateos sin orden judicial de un juez realizados por militares presentando una supuesta orden firmada por el comandante de la XXI zona militar se realizaron en toda la ciudad, poniendo énfasis en las colonias populares y en los domicilios de los luchadores sociales bajo el ardid de que el ‘detector de moléculas’ registraba la existencia de armas y drogas.

Muchos fueron los desmanes, la violación a los derechos humanos y anulación de los derechos constitucionales fueron el pan de cada día, una pesadilla que vivieron miles de michoacanos por la esquizofrenia presidencial.

El saqueo de las pocas pertenencias y objetos de valor fue el botín de guerra de militares y las policías que de mil maneras incriminaban a los ciudadanos que caían en sus operativos ‘anticrimen’ en su famosa fase IV, que no es un invento nuestro, sino una categoría militar del plan gubernamental.

¿Por qué, en las zonas más pobres del país, las policías y el ejército se ensañan contra la población, criminalizando la miseria y la lucha con dignidad por salir de ella? La única explicación es que esto obedece a un plan contrainsurgente que pone énfasis en las zonas más pobres del país.

El paramilitarismo es la otra cara de la moneda que empieza a mostrarse, muchos de los asesinatos son realizados por grupos de paramilitares conformados por militares, exmilitares, exkaibiles, policías de toda laya con el propósito de implantar a través de estas acciones sucias el terror en la población y ‘ablandar’ el terreno para la aceptación de un Estado policiaco-militar”.