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• El operado Ebrard

• ¿Un Estado bárbaro?

Por: Alberto Vieyra Gómez

AMN.- La gran industria de la delincuencia que llegó a México junto con la globalización imperial a partir de 1982, hizo del Estado mexicano, un Estado en putrefacción  en el que hay de todo. Hasta mediadores privados entre secuestradores y familiares de las victimas.

El secuestro y asesinato del menor Fernando Martí puso al descubierto que el negociador privado Ernesto Mendieta frenó en seco a la familia Martí para que no denunciara los hechos ante la Procuraduría de la capital de la república.

Según Alejandro Martí, padre  del hoy occiso, Mendieta fue quien  lo instruyó para que evitara que los policías judiciales se involucraran en el secuestro de su hijo. Por esa razón, la familia llamó para pedir a la Procuraduría que “se abstuviera de acercarse al domicilio de la familia Martí, ya que se había optado por atender el caso mediante una empresa privada”.

¿Qué nos dice todo esto? Pues nada, que el Estado está como el chinito: “nomás milando”. Que el Estado está en pleno estado de putrefacción. Que las instituciones encargadas de impartir justicia no sirven porque están corroídas por la corrupción y la impunidad. Todo está infiltrado por el crimen. Pero lo más importante es que la sociedad no cree en la autoridad y menos en los policías.

 Recientemente, un informe de Davos ponía a México en el lugar 119 en materia de eficiencia y credibilidad policiaca, de un total de 131 naciones  en las cuales se practico el estudio.

El hallazgo de “negociadores privados” que produjo el caso Martí desató encendida polémica entre expertos, políticos y sencillos habitantes. La mayoría coincide en que  la industria delictiva en todas sus formas prolifera en México porque el Estado  no sirve y los gobernantes tampoco.

Por ejemplo, el inútil  jefe de gobierno capitalino Marcelo Ebrard, en un acto oportunista, populista y demagógico -como ocurre también con Felipe Calderón  y su propuesta de implantar en México la cadena perpetúa-, salió con su batea de babas  al proponer “regular a negociadores”. Debería cerrar el pico. Que me perdone don Marcelo Ebrard, pero está como operado del cerebro.

Regular a “negociadores privados”, sería tanto como aceptar que el Estado y sus instituciones no sirven. Que el Estado y los gobernantes necesitan de vejigas para nadar.

Eso no puede ocurrir jamás. Solo falta que en el colmo de los colmos se pronuncien porque el foxista chapulín colorado entre también al quite. El Estado es el único ente organizado jurídicamente, que debe dar seguridad a todos los habitantes de esta nación mexicana. ¿Negociadores privados? ¿Cabecear pa’ donde va el golpe? ¿Secuestradores autorizados para  entenderse con secuestradores que están fuera de la ley?. Que absurdo y ridículo suena todo eso. 

Regular a “negociadores privados”, sería tanto como darles una patente de corso para hacer barbaridades. Sería  un gran salto para hacer en México un Estado  bárbaro,  en el que la sociedad se organice fuera de las instituciones y fuera de la ley para hacerse justicia por propia mano. Eso equivale a un locuaz disparate.

¿Qué paso en el estado de Chiapas, donde el Estado se hizo de la vista gorda y permitió que los caciques hicieran sus propios ejecitos con el surgimiento de guardias blancas?. Pues nada, que ocurrieron matazones como la de Acteal y se puso de manifiesto ese Estado bárbaro. ¿Eso es lo que quiere Ebrard? ¿Así quiere ser presidente de la República?

Fuera de todas estas consideraciones, lo que se requiere en México para acabar con está galopante y peligrosa industria delictiva que tiene aterrorizados a los mexicanos es una reforma estructural de fondo a todo el aparato de justicia. Una colosal limpia en la que se vayan a su casa o a la cárcel jueces, magistrados, ministerios públicos  y hasta ministros de la tremenda corte. ¿Los poderes ejecutivo y legislativo serían capaces de echarse a la uña ese trompo? ¿Cómo recobrar la confianza de la ciudadanía en las instituciones que imparten la justicia?

El poder legislativo tendrá que hacer leyes suficientemente fuertes para llevar a cabo  una restructuración total del sistema penitenciario en México que ponga fin  a las  universidades del crimen en que se han convertido los penales del país. Deben prohibirse a través de severos castigos el uso de celulares desde las cárceles, la venta de drogas y privilegios para internos ricos o que forman parte de las grandes mafias.

Pero también tendrá que hacerse una reforma en materia de secreto bancario para saber cuanto y de donde les llega  el dinero y las inmensas fortunas que amasan los jueces en todo México. Habrá que quitar y de inmediato los ineficientes retenes policíacos que se han convertido en una patente de corso para hacer barbaridades porque nunca se sabe cuales son los retenes reales o los postizos.

Ahora nos enteramos que  en la capital de la República existen desde el 2004, pero todos son postizos. ¿Apoco El Peje y ahora Marcelo Ebrard no lo sabían?. Si lo sabían, malo por haberlo tolerado pero si no lo sabían, que tragedia porque quiere decir que no saben en donde están parados.

Tendrá que hacerse también un padrón  nacional de policías de todas las corporaciones en los tres niveles de gobierno y el Estado tendrá que monitorear permanentemente a estos servidores públicos para evitar que se involucren con las mafias y aplicar los correctivos oportunos. Para quienes decidan abrazar  el camino de los criminales, que el poder legislativo  implante en México la cadena perpetúa y por que no hasta la pena de muerte para quien o quienes con todas las agravantes del caso priven de la vida a sus victimas y también maten a pausas a sus familias.

Los empresarios agrupados en la Coparmex han advertido a Felipe Calderón, gobernadores de todo el país, jefe del gobierno del Distrito Federal y presidentes municipales de todo México, que “las autoridades federales estatales y municipales tienen la responsabilidad primera de garantizar la seguridad de la ciudadanía… y nos han fallado”

Los magnates de la empresa mexicana  le dan al clavo cuando  apunten que para acabar con este peligroso estado de cosas “no solo se necesita  de mejores leyes sino de valor político, inteligencia y coordinación en las fuerzas del Estado para garantizar la paz y la seguridad de los mexicanos”. Con un fuerte manotazo, lo empresarios advierten a Calderón y demás gobernantes: “¡ni un secuestro más!....¡ni un muerto más!” ¿Serán capaces de lograrlo? ¿Habrá nacido ya el gobernante que tenga valor e inteligencia para poner orden en tantísimo desorden?