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• El secuestro y asesinato del joven Fernando Martí ha logrado unificar a la opinión pública nacional, pues 7 de cada 10 mexicanos se pronuncian por la pena de muerte, mientras que la iniciativa de Felipe Calderón para implantar en México la cadena perpetua contra secuestradores y policías aliados a estos, mereció reacciones encontradas.

Por: Alberto Vieyra Gómez

AMN.- La sociedad civil, a través de desplegados periodísticos exigen a Felipe Calderón, al jefe de gobierno del Distrito Federal, a los gobernadores de los Estados del país y a los presidentes municipales exigen garantizar la seguridad de la ciudadanía. “Nos han fallado”.

Los empresarios dicen que el sistema que debía brindar seguridad a los ciudadanos está podrido por la impunidad y la corrupción.  En alusión a la propuesta de Calderón para implantar la cadena perpetua, los hombres de empresa dice: “Sí, se necesitan mejores leyes, pero sobre todo se necesita valor político, inteligencia y coordinación en las fuerzas del Estado para garantizar la paz y la seguridad a los mexicanos. No se puede combatir la realidad por decreto”.

Añaden los empresarios “que el nivel de impunidad es de 99.3% y la responsabilidad de atenderlos en su gran mayoría es del gobierno del Distrito Federa, de los gobiernos estatales y de los municipios”.

Concluyen: ¡ya basta!, ¡que no haya ni un secuestro más. Ni un muerto más!

Para legisladores, analistas políticos y expertos del derecho, la iniciativa de Calderón es oportunista y  demagoga que lo único que oculta es la ineficacia de las instituciones del Estado y de su gobierno para atacar de raíz el problema de la inseguridad pública.

En este marco de polémica y condena generalizada al abominable crimen de Fernando Martí, el procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera, destacó que la probable participación de policías federales en el plagio de Fernando Martí "es un hecho no confirmado debido a que se habla de un retén de personas vestidas de agentes federales, pero que no lo eran".

En entrevista radiofónica con Denise Maerker, el funcionario destacó que Ernesto Mendieta, que fungió como mediador, no es sujeto de investigación pero no se descarta que sea llamado a declarar para que informe las causas por las que recomendó a la familia que evitara la intervención de la autoridad.

Respecto a la causa de muerte del menor, Mancera explicó que dada las condiciones en que se encontraba el cuerpo, los análisis forenses no permitían conocer qué motivó su muerte, pero dejó claro que sea cual sea, el castigo para los secuestradores es el mismo, no cambia.

Con información de Radio Fórmula