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• La Suprema Corte como Pilatos: culpa al ejecutivo y legislativo por la crisis de criminalidad que asota al país.

Por: Alberto Vieyra Gómez

AMN.- Mientras   la Suprema Corte de Justicia de la Nación salió como Poncio Pilatos y se lavó las manos en el asunto de la crisis de la alta criminalidad que asota al país y que tiene aterrizados a los mexicanos,  legisladores del PAN y PRD anunciaron que para este miércoles,  Santiago Creel Miranda, presidente del Senado y la perredista y Ruth Zavaleta, presidenta de la Cámara de Diputados se reunirán con el titular de la política interna del país en gobernación para ultimar el pacto contra la inseguridad en México.

Dicho pacto ha sido severamente cuestionado por juristas, analistas políticos y periodistas que coinciden en que un pacto de está naturaleza anularía definitivamente al Estado mexicano, que entre sus deberes primordiales debe tener el de garantizar la seguridad de todos los mexicanos.

Mientras tanto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, deslindó responsabilidades ante la crisis de inseguridad que se vive en el país, y le echó la pelotita a poderes Legislativo y Ejecutivo, por la falta de leyes claras y por los escasos resultados en la detención de los delincuentes y la mala integración de los expedientes por parte de los ministerios públicos.

Al tomar protesta a 38 nuevos jueces y magistrados, ante la cúpula del Poder Judicial de la Federación, Ortiz Mayagoitia reconoció que "es claramente justificada la indignación de la sociedad al sentir amenazada tranquilidad y su seguridad personal y familiar".

Pero recordó y aclaró que para construir y consolidar nuestro sistema de justicia y de seguridad pública corresponden al Estado tres tareas fundamentales.

La primera, dijo, tiene que ver con la creación de leyes adecuadas, responsables y útiles que permitan sancionar los delitos, a fin de que el derecho resuelva a sus necesidades del momento.

Las leyes, reiteró, deben ser claras, contundentes y precisas.

"La ley -destacó- también debe determinar procedimientos ineludibles, para que los jueces puedan determinar legítimamente castigos y sanciones".

La segunda tarea, recordó, consiste en procurar la prevención de los ilícitos y perseguir a quienes los cometen.

Por eso, dijo, ante los serios problemas de delincuencia, la educación es la principal herramienta preventiva.

Pero -agregó- la prevención no basta, es necesario adoptar acciones inmediatas para detener y castigar a quienes delinquen.

Y una vez que son detenidos, precisó, se requiere de investigaciones eficientes, averiguaciones previas mejor integradas, con un mejor respaldo jurídico, técnico y  pericial.

Y la tercera tarea, dijo, es la que le corresponde a los jueces al dictar sentencias imparciales, objetivas e independientes. Y esa, les dijo a los recién nombrados jueces y magistrados, esa será su tarea, sujetando su actuación a lo que dicen las leyes y la Constitución.

Los nuevos juzgadores, aseguró el presidente de la Corte, cuentan con una amplia trayectoria judicial y son expertos en derecho que fueron seleccionados cuidadosamente por el Consejo de la Judicatura Federal y que serán sujetos, como todos, a medidas de vigilancia y disciplina para garantizar su actuación.

Por su parte las diversas cúpulas empresariales, en nuevo y energético desplegado periodístico advierten que de nada sirve establecer penas altas o penas de muerte, si los criminales no son detenidos, juzgados o sentenciados y castigados. Es la impunidad lo que envalentona a los secuestradores y asesinos.

Así las propuestas de Felipe Calderón de implantar la cadena perpetua y del priista Emilio Gamboa Patrón por la pena de muerte, logran el consenso pero en contra y coinciden en que el Estado, ósea las instituciones encargadas de aplicar la justicia en México deben funcionar sin anotar sin corrupción e impunidad.